Se trata del Proyecto de la Cámara 2001 radicado por la presidenta de la Comisión, Deborah Soto Arroyo a petición del programa televisivo Jugando Pelota Dura
La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes inició hoy, lunes, el proceso de audiencias públicas sobre el Proyecto de la Cámara 2001, que busca enmendar la Ley Núm. 85-2018 conocida como la «Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico» para convertir en obligación de los padres, tutores y/o encargados el recibo de los informes de notas de sus hijos dos veces por semestre.
El Proyecto además, le daría la facultad al Departamento de la Familia (DF), Departamento de la Vivienda (DV) y el Departamento de Hacienda (DH), de investigar si los padres referidos por el Departamento de Educación (DE) reciben beneficios contributivos y exenciones en servicios de LUMA o AAA. Esto, con la finalidad de imponer la participación escolar como requisito para ser beneficiario de los servicios de dichas agencias.
Para atender la pieza legislativa, compareció el Departamento de Educación (DE), la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN) y el componente del programa televisivo y peticionarios de la iniciativa, Jugando Pelota Dura (JPD).
Por su parte, la profesora Maribel De Jesús, gerente de Operaciones del DE, alertó que las conclusiones de los estudios pedagógicos apuntan a que las medidas punitivas del Proyecto Cameral podrían predisponer a los padres a no querer participar de las actividades escolares.
“Si bien entendemos que el esfuerzo es uno loable, debemos señalar que la manera en la que se busca cumplir, no es la más efectiva. Los mecanismos punitivos para lograr el compromiso de los padres con la educación de sus hijos, tienden a ser temporeros y no crean un verdadero compromiso”, leyó De Jesús en representación del DE.
De Jesús expresó que para fomentar la participación de los padres en los procesos escolares, el Departamento tiene en agenda celebrar siete “Congresos de Familia” con el objetivo de fortalecer la colaboración y el compromiso de la comunidad educativa.
“Nuestra recomendación es utilizar estrategias motivacionales más efectivas que propicien el interés de estos procesos y que la dinámica sea más oportuna”, agregó De Jesús.
Por otro lado, la administradora de ADFAN, Glenda Gerena Ríos, endosó el proyectoy expuso que “apoya toda medida que se establezca y que beneficie a los estudiantes del sistema de educación pública de Puerto Rico y la atención de referidos sobre negligencia escolar”.
Gerena Ríos recomendó que el proyecto incluya una disposición que promueva el uso de sistemas de información integrados para facilitar el seguimiento y la intervención en casos de negligencia escolar, y disposiciones para la capacitación conjunta de trabajadores sociales escolares y del DF.
Adicionalmente, la Administradora de ADFAN sugirió una disposición que promueva una mayor participación de los padres, con iniciativas que mejoren la comunicación y colaboración entre la escuela y el hogar, junto a la necesidad de evaluaciones periódicas de las políticas y prácticas relacionadas con la negligencia escolar.
Igualmente, Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) avaló la medida y dijo que en conformidad con el “Reporte de Deserción Escolar – Primer Semestre 2022-2023 del Departamento de Educación”, la tasa de deserción semestral en Puerto Rico es de 3.46%. “Al dividirla por grado vemos que en grados primarios representa el 2.68%; en secundaria el 4.67% y en los estudiantes de educación especial es de 5.92%”, expresó mediante el memorial explicativo.
“A la Asociación le preocupa que el proyecto solo presenta un posible remedio o acción en contra de los padres que reciben beneficios del Gobierno, pero no así en cuanto a los padres que incurren en patrones de ausencia recurrentes, pero no reciben ayudas del Gobierno. A estos fines, entendemos que dado que el interés del proyecto de ley es que todos los padres acudan a las escuelas y participen del recogido de informe de progreso, la medida debe también incluir alguna acción para aquellos padres que no reciben ayuda del Gobierno”, sostuvo Bonilla Sánchez.
Peticionarios a favor del estatuto
Asimismo, Víctor McDougall Rivera, maestro del sistema público de la Escuela Superior Áurea E. Quiles Claudio de Guánica, endosó la medida y recomendó que la entrega de notas permanezca de manera presencial junto a un proceso de orientación y de educación continua para fomentar la responsabilidad entre los padres.
En tanto, el productor ejecutivo de JPD, Ferdinand Pérez Román, acompañado de los periodistas Álex Delgado, Cyd Marie Fleming y Margarita Aponte enfatizó que el “tema que nos ocupa es de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Para nada se trata de una acción punitiva de nuestra parte con este proyecto. Para nosotros y la mayoría de las personas que siguen nuestro programa, buscar las notas y lograr que los padres tengan ese encuentro con los maestros de sus hijos es fundamental”.
Según Pérez Román, en el 2013 entre un 10 al 30 por ciento buscaron las notas de sus hijos. Posteriormente, en el 2022 fue el 30%, en el 2023 un 73% y en el 2024 un 67%.
“Es muy lamentable que tengamos que legislar para esto. Esto es algo básico y fundamental en la enseñanza y crecimiento de nuestros estudiantes, pero no podemos esperar más. En los últimos años no solo se está reduciendo la matrícula de forma acelerada, sino que miles no han pasado de grado. Es hora de establecer reglas más fuertes con consecuencias caras para el que las viole. Es hora hora de demostrar que la educación de nuestros niños no es juego”, puntualizó Pérez Román.
Mientras, la presidenta de la Comisión, Deborah Soto Arroyo dijo que “nuestros niños dependen de la acción de nosotros los adultos.” “Somos nosotros quienes tenemos que ayudarlos y brindarles las herramientas, y ayudas necesarias para evitar que estas situaciones se salgan de control. Está en nosotros ser un aliado en estos procesos y es hora de actuar”, concluyó la Representante.
